El camino hacia la financiación sostenible

Transición ecológica y financiación sostenible
Transición ecológica y financiación sostenible

Julián Romero, Presidente de OFISO

Juan Carlos Villanueva, Secretario General de OFISO

La financiación sostenible se encamina hacia su mayoría de edad y ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad, una exigencia de los mercados y de los inversores que ya no se conforman con eliminar determinadas actividades de sus carteras, sino que exigen cada vez con mayor intensidad un compromiso de las compañías en las que invierten en relación con la lucha contra el cambio climático, los ODS y los factores ESG.

La reciente Encuesta OFISO 2021 sobre Perspectivas de la Financiación Sostenible revela una total coincidencia en que la financiación sostenible será un factor de recuperación y nuevo empleo y que seguirá creciendo su importancia en la financiación total de empresas y entidades financieras. Uno de cada 10 euros en financiación en el mercado de capitales en España es sostenible y el volumen global de la deuda sostenible se igualó en 2020 con la de la deuda high yield (544.000 millones de dólares frente a 547.000 millones), confirmando que no es un mercado nicho sino un segmento muy relevante en el conjunto del mercado de deuda mundial con uno de los mayores potenciales de crecimiento.

Cerca del 70% del crédito a empresas puede arrojar en las próximas décadas un riesgo “alto o creciente” ligado al cambio climático

Los reguladores y supervisores conceden una importancia creciente a la sostenibilidad y a los riesgos asociados al cambio climático e incorporan crecientemente el análisis de dichos riesgos, físicos y de transición, a su escrutinio sobre la solvencia y consistencia de las entidades financieras y compañías a medio y largo plazo, como acaba de recordar el Banco Central Europeo en un reciente informe bajo el título “Climate-related risk and financial stability” en el que revela que alrededor del 70% del crédito otorgado por las entidades financieras a empresas puede arrojar en las próximas décadas un riesgo “alto o creciente” ligado al cambio climático; así como también que los fondos de inversión europeos tienen en sus carteras 1,4 billones de euros afectados por dichos riesgos, lo que supone un 22% de dichas carteras.

Se trata pues de una apuesta segura para los responsables financieros y CFOs ya que el mercado comienza a diferenciar entre ganadores y perdedores a largo plazo en función del compromiso de sostenibilidad y financiación sostenible.

Una estrategia general

Para cualquier emisor que quiera financiarse con instrumentos sostenibles se hace, pues, necesario, incluso antes de iniciar cualquier recurso a los mercados, establecer una estrategia que alinee la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático con el negocio, con objetivos ambiciosos, compatibles con el crecimiento de la empresa. En primer lugar, objetivos que lleven a la neutralidad respecto al carbono en 2030 y que se alineen con los Objetivos de Paris en 2050, aunque en la actualidad parecen no ser suficientes ya que los inversores más comprometidos, analistas, activistas e incluso los gobiernos y supervisores comienzan a reclamar también objetivos intermedios que permitan conocer la factibilidad y el punto del camino en el que el emisor se encuentre en la ruta hacia esos objetivos últimos.

Se trata de crear confianza y reforzar la reputación financiera, y es preciso que toda la organización participe, que el compromiso se extienda al perímetro de influencia de la empresa o institución, clientes, proveedores y, junto a ello, poder establecer mecanismos de programación y simulación del incremento de valor, incorporando factores de sostenibilidad y criterios ESG y de financiación sostenible.

Para todo ello, se hace imprescindible dotar al Consejo de Administración de consejeros con capacidades y experiencia para afrontar los retos que la sostenibilidad y la financiación sostenible conllevan, logrando así que se extienda a la estrategia general y financiera de las entidades, de arriba abajo, y con órganos de gobierno preparados para ello, algo que hoy no ocurre en casi ningún caso.

Como consecuencia las empresas y emisores deben estar dispuestas a informar suficientemente y sin reservas al mercado acerca de sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Por su parte, los gobiernos deben tomar medidas para crear marcos de información sobre sostenibilidad y riesgos climáticos que hagan llegar esta información a los inversores de forma clara y estandarizada.

Hay gran cantidad de fondos esperando la estandarización y clarificación de la información para poner su dinero en activos verdes y sostenibles

Todos los avances en este terreno multiplicarán la inversión ya  que hay grandes cantidades de fondos esperando esta estandarización y clarificación de la información para poner su dinero en activos verdes y sostenibles, como insisten desde muy diversas instancias y, muy recientemente, MarK Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y Embajador de la ONU para las Finanzas sostenibles.

También, ligado a lo anterior, se requiere comprometerse con el seguimiento de las recomendaciones del TFCD sobre la integración de los riesgos en la empresa y afrontarlos bajo diferentes escenarios climáticos e, ineludiblemente, reportarlos públicamente. Compromisos concretos y objetivos a medio y largo plazo, pero también intermedios, a plazos más cortos anuales, semestrales e incluso trimestrales y dar cuenta e informar de sus resultados y evolución.

Una fórmula que se está imponiendo de forma creciente, para poner en práctica estas recomendaciones es la de imponer un responsable directo (CSO) en el Consejo de Dirección, con dependencia directa del CEO.

Los instrumentos y fórmulas de financiación verde y sostenible

Una vez conseguido eso, es necesario tener un conocimiento de los instrumentos y fórmulas de financiación verde y sostenible y analizar las que mejor se adecuen a la estrategia diseñada y las ventajas que reportan. Entre estas ventajas se encuentra la de la reducción en los costes financieros con el uso de la financiación sostenible, circunstancia cada vez más reconocida por los CFOs según la citada encuesta, que señala que ha pasado del 38% de 2020 al el 50% del presente año; así como una mayor diversificación de la base inversora, algo que ha constatado el 92,9% de los que respondieron a la Encuesta OFISO 2021.

El recurso a las fórmulas de financiación sostenible está siendo especialmente valorado por los analistas que lo vinculan favorablemente al valor de su empresa, según manifiesta un 70%.

Y en cuanto a los instrumentos existentes, en pocos años se está logrando ampliar su gama, desde los Bonos Verdes, que han sido el estandarte del desarrollo de la financiación sostenible a lo largo de la última década, el activo más conocido y más identificado con esta financiación, que registró en España en 2020 un volumen de 9.123 millones de euros con un alza del 44% según el últimos Informe OFISO, a otro tipo de activos como los Bonos Sociales, que están adquiriendo un peso creciente, especialmente tras el periodo de pandemia que ha llevado a numerosas instituciones, especialmente públicas, a utilizar este mecanismo de financiación para sus proyectos de carácter social.

De hecho, en nuestro país, los Bonos Sociales crecieron por encima de los bonos verdes el pasado año, impulsados por las comunidades autónomas, con la de Madrid a la cabeza que alcanzaron un volumen emitido de 2.817 millones. En el ámbito global, este tipo de bonos alcanzó una cifra de 120.000 millones de euros, multiplicando por 6 la cifra del anterior ejercicio.

En el caso de los Bonos Verdes los fondos deben destinarse en su integridad a proyectos y actividades relacionadas con la lucha contra el cambio climático, y/o cualquier otro objetivo medioambiental, ya sean empresariales o de cualquier institución que los emita.

Los Bonos Sociales requieren condiciones también exigentes en cuanto al uso de los recursos, que deben emplearse “para proyectos nuevos y existentes con resultados sociales positivos” como establecen los SBP, así como en cuanto a la información periódica que deben suministrar los emisores de estos bonos, lo que los hace especialmente adecuados para las administraciones públicas, ya sean soberanas, regionales, municipales o de servicios público de cualquier tipo.

Se añaden también a este inventario de activos de deuda sostenible los Bonos Sostenibles o de sostenibilidad, que ICMA define como aquellos “en los que los ingresos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar una combinación de proyectos ecológicos y sociales” y a los que otorga su propio marco de referencia como Guía de Bonos Sostenibles. El segmento de bonos sostenibles totalizó en España en 2020 un volumen de emisión de 3.084 millones y un crecimiento del 62%.

En los últimos dos años está teniendo una rápida difusión una nueva gama de bonos, los Sustainability-Linked Bonds (SLB), un tipo de bonos que no requieren un uso determinado de los recursos sino que, siendo para propósitos generalistas, su coste se vinculan a determinados objetivos (KPIs) de sostenibilidad de la compañía, entidad financiera o institución que los emite, con la contrapartida, en términos generales, de una prima o una penalización en el cupón en caso de no alcanzar dichos objetivos

Todo indica que se trata de un instrumento de gran potencial por hacer posible la entrada de un buen número de emisores que tienen diversas dificultades barreras de entrada para cumplir las exigencias del “uso de fondos”. Así lo prueba el éxito alcanzado por el formato en el segmento de préstamos bancarios. Es cierto, que en esta modalidad se deben extremar la transparencia y el uso de revisores externos para evitar una potencial relajación en cuanto al rigor que ha caracterizado el mercado de Bonos Verdes y Sociales.

Los préstamos sostenibles están mostrándose también en los últimos años, especialmente en nuestro país, como una esperanzadora vía para ligar la financiación bancaria a la sostenibilidad ya que movilizaron en nuestro país inversiones por 18.002 millones en 2020, con un incremento del 38% respecto a la financiación concedida el ejercicio precedente. En este capítulo es de esperar, además, que las hipotecas verdes extiendan específicamente la financiación sostenible al sector inmobiliario.

(Publicado en Consenso del Mercado)