La economía y las finanzas sostenibles y verdes avanzan año tras año pero cada vez son más las voces y los expertos que reclaman un mayor impulso normativo por parte de los gobiernos, las autoridades regionales y municipales para establecer un marco legal que canalice e impulse los fondos y recursos financieros hacia proyectos sostenibles, dejando de lado aquellos más contaminares o resistentes a la lucha contra el cambio climático.
Se reclama un impulso normativo de los gobiernos para canalizar recursos hacia proyectos sostenibles, y también al BCE
En este contexto, cada vez son más numerosas las llamadas a los bancos centrales para que contribuyan a esta reordenación de los recursos a través de su política monetaria y sus actuaciones en los mercados financieros.
El año 2018 ha supuesto un cierto frenazo en algunas de las categorías de la financiación sostenible y la generación de recursos financieros verdes, y al mismo tiempo, se han intensificado las advertencias respecto de las dificultades reales para cumplir los objetivos de los Acuerdos de París para contener el proceso de calentamiento global y sus riesgos y consecuencias.
Para avanzar eficazmente en el cumplimiento de los objetivos se necesitarían al menos € 180.000 millones al año durante los próximos 20 años
La propia Comisión europea ha repetido en varias ocasiones que para avanzar eficazmente hacia el cumplimiento de estos objetivos se necesitaría la generación de al menos 180.000 millones de euros al año durante los próximos veinte años, es decir, un monto total aproximado entre 3,5 y 4 billones de euros que financiaran los proyectos relacionados con la transición energética, las energía renovables, el transporte limpio y otras actividades relacionadas con la eficiencia energética.
Positive Money es uno de los activistas en este terreno que reiteran este requerimiento para el Banco Central Europeo (BCE) con el fin de “alinear la política monetaria del Banco Central Europeo con los objetivos de sostenibilidad de la UE”.
Su óptica es marcadamente crítica respecto a la evolución de estos asuntos. A pesar de la apariencia de desarrollo y aceleración del proceso de transición energética, este grupo de presión considera que “en este momento, los inversores tienen muchos incentivos para invertir en industrias de combustibles fósiles y actividades especulativas”. A su juicio, la industria financiera sigue primando los beneficios a corto plazo frente a la estrategia de largo plazo e impulso a la sostenibilidad.
Se sigue invirtiendo en industrias de combustibles fósiles. Se priman los beneficios a corto frente a la estrategia de largo plazo
Para lograr el cambio de enfoque de los inversores es necesario un cambio de actitud por parte del BCE, que no ha hecho aún su conversión a la sostenibilidad como sí parece estar haciendo la Comisión Europea, mas avanzada en este ámbito y con un claro objetivo de liderazgo en este terreno, que reclama además coordinar los flujos financieros con su acción sobre el cambio climático.
Junto con la Comisión, el Parlamento Europeo se ha dirigido al BCE para reconvenirle acerca de su obligación respecto a los acuerdos de París y la necesidad de adecuar a ellos sus actuaciones.
Probablemente, el informe del Grupo de Expertos creado por la Comisión Europea a tal efecto, que se espera emita a lo largo de 2019, incluya alguna recomendación en este sentido, que anime al banco central a un mayor compromiso.
Obligaciones, incentivos y penalizaciones para entidades financieras e inversores institucionales
Se pide al banco que preside Mario Draghi y que dirige la política monetaria común de la Unión Europea establecer obligaciones, incentivos y penalizaciones para las entidades financieras y los inversores institucionales. Entre estas actuaciones estaría la de obligar o incentivar a los inversores para que hagan público el impacto que sus inversiones tienen en la emisión de gases contaminantes. La obligación de información debería extenderse también a las inversiones del propio banco emisor del euro.
El BCE y los restantes bancos centrales existentes disponen de mecanismos e instrumentos que, sin poner en riesgo sus objetivos fundamentales y básicos, pueden jugar un importante papel en el desarrollo de las finanzas sostenibles en los próximos años. Entre estos instrumentos se encuentran los criterios de elegibilidad para la compra de bonos corporativos por parte del propio BCE, que ha sido una de las armas recientes de la operativa de Quantitative Easing, bonos corporativos en los que el BCE ha invertido en torno a 130.000 millones de euros, la mayoría de los cuales se habrían destinado a empresas contaminantes. Quienes reclaman a Mario Draghi un mayor empuje de sostenibilidad creen que los criterios de elegibilidad tendrían que ser un vector de apoyo a los proyectos sostenibles, rechazando a aquellas empresas más contaminantes.
Politica macroprudencial verde
Cada vez existe una mayor aceptación del criterio que considera que los riesgos climáticos tienen unas consecuencias claras para el sector financiero.
Los riesgos climáticos asociados a los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales están ya entre los 10 mayores riesgos existentes en el planeta a los que las entidades financieras y bancarias habrán de enfrentarse, según el último informe de World Economic Forum (WEF).
Los bancos se preparan para el impacto financiero de los riesgos climáticos
Los datos y las previsiones comienzan a ser abrumadores. Las pérdidas causadas por estos fenómenos en Europa entre 1980 y 2016 se estiman en 3.636 millones de euros y se han duplicado desde la década de 1980 hasta el período 2010-2016, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.
El BCE debe asumir en sus planteamientos de supervisión y control que el cambio climático representa un factor de riesgo no sólo medioambiental sino también financiero e incorporar en sus actuaciones macroprudenciales este factor de manera decidida y expresa, como uno más de los que caen bajo su competencia. Y junto a la vigilancia acerca de estos riesgos, establecer incentivos por la vía de los ratios y reservas de capital sobre las inversiones verdes y sostenibles y penalizaciones para quienes mantengan inversiones generadoras de carbono y gases contaminantes por su contribución a extender los riesgos financieros derivados del cambio climático.
