Aunque sigue viva la tramitación de los PGE para 2018 el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez debería ser consciente de que tendría que estar presentando ya en el Congreso, o hacerlo en breve, los Presupuestos Generales del Estado para 2019 (PGE 2019), como en anteriores años, a excepción de 2017 y 2018 que sufrieron notables retrasos, entre otras cosas por la falta de estabilidad política.
Aunque los dos últimos años los proyectos de Ley de Presupuestos entraron en el Congreso de los Diputados cuando el ejercicio que presupuestaban ya estaba iniciado, concretamente, en el mes de abril, en los años anteriores, y en la mayoría de los casos, el Proyecto de Ley de Presupuestos se presentó ligeramente después de mediados del año anterior, para ser tramitados tras el verano. El proyecto de Presupuestos para 2016 se presentó para iniciar su trámite el 4 de agosto de 2015, y el Proyecto de Presupuestos para 2015, el 30 de septiembre de 2014.
En la mayoría de los casos, los PGE se presentaron en verano del año anterior, para tramitarse tras el verano
Pero para poder presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 entre julio y septiembre de este año, es decir, dentro de los tres próximos meses, el Gobierno de Sánchez debería haber comenzado a trabajar nada más llegar al poder. Y si no lo ha hecho, no podrá retrasarlo ni un día más.
Un asunto fundamental para la agenda política
Aunque aún no ha entrado este tema en la agenda y la actualidad política, lo hará a no tardar ya que se lo reclamará el resto de los partidos, puesto que se trata del reto o el desafío más importante desde el punto de vista político y parlamentario para los que resta de ejercicio, con un trámite que obliga a numerosas comparecencias de ministros y altos funcionarios, y largas reuniones en Comisión, con abundantes ocasiones para el debate, y, tal como están las cosas, para los rifirrafes dialécticos e ideológicos.
Dicho de otro modo, Sánchez tendrá que darse mucha prisa para cumplir con los plazos que marca el calendario habitual, algo que parece difícil que pueda ocurrir con las dificultades con las que se encontrará, en primer lugar, para que los ministros puedan conocer las necesidades presupuestarias de sus respectivos departamentos antes de que comiencen las vacaciones de verano. Vacaciones que probablemente ninguno de ellos vaya a disfrutar si pretenden dar una imagen de eficacia y normalidad.
Los protagonistas
La encargada de coordinar la preparación y tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 será la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, auxiliada por el Secretario de Estado de Presupuestos, del cual dependen tres importantes direcciones generales y un amplio elenco de subdirecciones generales, comenzado por la de presupuestos, que se encarga más directamente de la gestión y del día a día de la elaboración.
La ministra de Hacienda debe firmar una Orden Ministerial reclamando a los restantes ministerios sus previsiones presupuestarias
La tarea que tiene este ministerio es ingente y no admite dilaciones. En situaciones de normalidad, el ministro, en este caso será la ministra, debe firmar una Orden Ministerial en la que reclama a los restantes ministerios que envíen sus previsiones presupuestarias en fechas muy próximas a las que nos encontramos.
Concretamente, la Orden Ministerial firmada por Cristóbal Montoro para la elaboración inicial de los PGE de 2018 solicitaba a todos los ministerios que “deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 14 de julio de 2017, exclusivamente por medios electrónicos, las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente”.
La complejidad del proceso de articulación del PGE 2019 es aún mayor por la amplitud de las instituciones y entidades que quedan comprendidas en su elaboración: el Estado, los organismos autónomos, el Sistema de la Seguridad Social, el resto de entidades del sector público estatal; y, con carácter estimativo, los presupuestos de las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal, y aquellas entidades del sector público que aplican los principios y normas de contabilidad del Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la empresa española; así como otras entidades como las universidades públicas no transferidas o de derecho público.
El PGE es el instrumento fundamental del que dispone un gobierno para expresar y concretar su política económica
La urgencia por disponer de unos nuevos presupuestos reside en que son el instrumento fundamental del que dispone un gobierno para expresar y concretar su política económica y sus planes de futuro, o si se quiere, la forma de contrastar y visualizar si su programa de gobierno está en consonancia con su programa electoral.
Líneas generales
Pues bien, si Pedro Sanchez quiere cumplir el programa del PSOE, el que aparece en la página web de su partido, el PSOE, las líneas generales del PGE 2019 incluirán lo siguiente:
En términos generales:
-Un modelo de política económica “de crecimiento económico y social que beneficie a los trabajadores y sectores medios de la sociedad”;
-Un cambio estructural del sistema impositivo para incrementar la recaudación sin subir los impuestos a las rentas medias y a los trabajadores;
-Un sistema de recaudación que rompa con la actual situación donde la presión fiscal “se concentra mucho sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles”, de forma casi exclusiva sobre las rentas del trabajo, en torno a nueve de cada diez euros recaudados, según algunas estimaciones.
Las propuestas concretas
Respecto a la recaudación:
-Desplazar el peso de la carga tributaria, en parte, hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos;
-Recuperar el principio de equidad, tanto vertical, que pague más quien más gana, como horizontal, es decir que, a igual nivel de renta, tributación similar independientemente de las fuentes de renta.
Respecto al gasto: España tiene un gasto público, en relación al PIB, inferior en cinco puntos a la media de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, es imprescindible establecer prioridades.
El proceso de consolidación fiscal exigente obliga a cumplir nuestros compromisos de déficit y comenzar a reducir la deuda.
Contra la no tributación de la riqueza y los grandes patrimonios
Nuestro principal problema es la no tributación de la riqueza y los grandes patrimonios.
Propuestas para combatirlo:
-Incrementar en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria destinados a la lucha contra el fraude en los próximos cuatro años;
-Revisar el régimen de estimación objetiva con el objetivo de minimizar el fraude fiscal;
-Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. Modificar el artículo 305 del Código Penal para que todos los delitos fiscales sean considerados como graves (pena de prisión de 2 a 6 años y prescripción a los 10 años);
Modificar la figura del delito fiscal para hacerla más efectiva
-Potenciar el papel del Servicio de Vigilancia Aduanera y la coordinación de la AEAT con la Fiscalía, el SEPBLAC y las fuerzas de seguridad del Estado;
-Promover la creación de juzgados especializados en delitos económicos, fraude fiscal y a la Seguridad Social, dotados con medios adecuados y suficientes;
-Elaborar una estrategia de lucha contra la economía sumergida, en particular, la limitación en el uso de efectivo en las transacciones económicas y la estandarización de los sistemas de facturación de las pequeñas empresas;
Acabar con la opacidad de los llamados Tax Rulings
-Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, para acabar con la opacidad de los llamados Tax Rulings (acuerdos fiscales de los estados miembros con empresas multinacionales o también llamados trajes a medida) y los acuerdos de precios de transferencia transfronterizos, emitidos en los últimos diez años;
-Impulsar y liderar, en el ámbito de la OCDE y del G20, la agenda del BEPS (Base Erosion Profit Shifting) llevada a cabo en el seno de la OCDE que podrían culminar en la negociación de un Tratado Multilateral sobre gobernanza fiscal mundial;
-Impulsar también en el seno de la UE la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales, y que las jurisdicciones que aparezcan en dicha lista deben estar sujetas a una lista consensuada de sanciones;
Lista negra de paraísos fiscales y sanciones consensuadas en el seno de la UE
-Apoyar las iniciativas para la mejora de la gobernanza fiscal europea, impulsando la armonización fiscal (en particular del Impuesto de Sociedades);
-Abogar por la creación de nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante esquemas de planificación fiscal agresiva.
Reforma impositiva
-Establecer un sistema tributario progresivo en el que aporte proporcionalmente más, quien más riqueza tiene y no solo quien más renta gane:
-Crear una Comisión de Expertos/as que analizará todos los aspectos mencionados y, en el plazo de seis meses, presentarán sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación.
Mientras tanto:
-Establecer un mínimo común en todo el territorio nacional tanto en el Impuesto de Sucesiones como en el de Patrimonio;
Mínimo común en todo el territorio en el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio
-Reformar en profundidad el Impuesto de Sociedades, con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y elevar la recaudación;
-Revisar las múltiples exenciones y bonificaciones del Impuesto, muchas de ellas de escasa justificación. Entre tanto, se establecerá una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades;
-Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música;
Revisar exenciones y bonificaciones del Impuesto de Sociedades, y tributación mínima del 15%
-Promover la modificación de la normativa armonizada europea para que se puedan aplicar tipos reducidos a los libros, periódicos y revistas electrónicos o digitales;
puesta en marcha definitiva del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
-Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado once países de la Unión Europea, entre ellos España;
Nuevos impuestos medioambientales que nos acerquen a Europa
-Impulsar una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos, con nuevos tributos: Impuesto sobre las emisiones de CO2; Impuesto sobre los óxidos nitrosos (NOX); Impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor: basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, resultará de la fusión de los actuales impuestos de matriculación y circulación; Impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos; Impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas; Además, se reformarán los siguientes tributos ya existentes para hacer de ellos verdaderos impuestos medioambientales; Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; Impuesto Especial sobre la Electricidad y Canon de vertidos.