La sostenibilidad asciende en el ranking de prioridades de los gobiernos

Bandera de China

Se multiplican las noticias que confirman que la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático está subiendo puestos en el ranking de prioridades de los gobiernos y las instituciones públicas. Dos de ellas muy recientes: China ha aumentado de 28 a 80 el número de ciudades en las que ha impuesto restricciones y límites en la emisión de gases de aquellos sectores más contaminantes e intensivos en energía en el país; y el pequeño estado norteamericano de Rhode Island ha presentado, a través de su Fiscal General, una demanda contra 21 compañías de petróleo y gas por contribuir “deliberadamente” al cambio climático y las “consecuencias catastróficas” para la región, informa Climate Action.

China aumenta las ciudades con restricciones en la emisión de gases y Rhode Island presenta demanda contra 21 compañías petrolíferas

Las restricciones impuestas en China afectan especialmente a los sectores de actividad mas contaminantes e intensivos en el uso de energía como el sector químico, gas & oil, acero y cemento, y especialmente en la industria del carbón, ya que China es el mayor usuario de carbón del mundo.

Es cierto que China ha llegado a una situación peligrosa en cuanto a la calidad del aire en sus ciudades y núcleos urbanos e industriales por efecto de la rápida industrialización y desarrollo económico, en un contexto de descontrol en cuanto a la generación de gases y residuos contaminantes. Dicho de otro modo, las medidas anticontaminantes en ese país asiático no son sólo expresión de una conciencia ecológica y verde sino más bien una necesidad imperiosa de salubridad humana ante el peligro de una auténtica catástrofe sanitaria para sus ciudadanos.

Resultados antes de 2020

Sea como sea, los esfuerzos del gigante asiático parecen estar dando resultados e incluso se han alcanzado ya los objetivos de reducción de gases que se habían fijado para 2020, y su voluntad de combatir la emisión de gases se refleja también en el hecho de que este gran país asiático se ha puesto a la cabeza de las inversiones en energías renovables en los últimos años.

Chevron, ExxonMobil, BP ó Royal Dutch Shell, entre las compañías demandadas

En el caso de Rhode Island, el más pequeño de los estados norteamericanos, con apenas algo más de un millón de habitantes, las medidas anticontaminación se han concretado en una demanda realizada por el fiscal general de dicho estado, Peter Kilmartin, contra 21 compañías oil & gas, entre ellas Chevron, ExxonMobil, BP ó Royal Dutch Shell, a las que acusa nada más y nada menos de contribuir “deliberadamente” al cambio climático, que puede generar “consecuencias catastróficas” para la región.

Con dicha acción legal, este estado pretende lograr de estas compañías una compensación económica por el impacto que han generado en la aparición de episodios climáticos extremos como las inundaciones de 2010 o el huracán Sandy, y las perdidas económicas y daños para la salud que han provocado. La demanda argumenta que las compañías demandadas ​​”han contribuido en gran medida al aumento de los costes asociados con el cambio climático y, como tales, deberían ser legalmente responsables de esos daños”.

Personalidades políticas apoyan la demanda

Resulta significativo el apoyo que la demanda del Fiscal ha recibido por parte de las más destacadas personalidades políticas de este estado, un estado especialmente vulnerable al impacto de los episodios climáticos adversos, entre ellas, su gobernadora Gina Raimondo y el senador del estado, Sheldon Whitehouse, a quienes no les ha temblado el pulso a la hora de señalar a “algunas de las corporaciones más poderosas del mundo por el daño que están infligiendo a nuestra economía, infraestructura y modo de vida costeros”.

La tramitación de esta demanda será compleja y de dudosa eficacia y resultado práctico, ya que existen antecedentes de ciudades que ya han demandado a este tipo de compañías, como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, que han sido desestimadas por los jueces, pero su efecto en la opinión pública y el daño reputacional que provoque puede ser determinante de cara al comportamiento futuro de las compañías demandadas.