Iberaval, SGR nacida en Castilla y León y líder en España en formalización de avales y en volumen de socios, elevará entre 2023 y 2025 hasta 1.950 millones de euros el importe global financiado y pendiente de devolución.

Esta sociedad de garantía, que cuenta con 34.000 empresas asociadas, aspira a cumplir con avances anuales por encima del 10%, pese a contemplar bajos crecimientos entre las empresas.

El objetivo más relevante de cuantos fija Iberaval dentro de su nuevo Plan estratégico se sitúa en incrementar en casi un 40% -cerró 2022 con 1.393 millones de euros de riesgo vivo- su respaldo general a las pymes, autónomos y emprendedores durante este trienio manteniendo los criterios de prudencia en la gestión del riesgo financiero habituales en la entidad.

Reconocen que han apreciado “una menor calidad del riesgo financiero, y un incremento de la morosidad y de la dudosidad

La entidad quiere “dar continuidad a los crecimientos anuales a doble dígito (por encima del 10%), que se vienen repitiendo durante los últimos años en esta entidad”, ha señalado el presidente de la sociedad de garantía, César Pontvianne, a pesar de que reconoce que han apreciado “una menor calidad del riesgo financiero, así como un incremento de la morosidad y, sobre todo, de la dudosidad para el periodo en el que transcurrirá el Plan”.

Se han formalizado casi 17.500 operaciones a pesar de la crisis

Pontvianne ha informado también que a pesar de las dificultades para cumplir el Plan 2020-2022, “claramente condicionado por las circunstancias económicas derivadas de la pandemia en 2020 y 2021 y la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, “se han formalizado casi 17.500 operaciones, por un importe global de 1.398 millones de euros. Esto representa un crecimiento acumulado del 60 por ciento en el importe facilitado por la SGR frente al trienio anterior, mientras que el número de operaciones avanzó en un 32 por ciento”.

«En estos años, Iberaval ha demostrado que está cuando se la necesita. Pero también ha puesto en valor la colaboración público-privada, que permite hacer más eficiente la utilización de los recursos que pagamos entre todos, en este caso, en favor del sostenimiento de muchas empresas que se vieron con la soga al cuello en determinados momentos, y, por ende, de muchos puestos de trabajo que de ellas dependían», ha apuntado.