La financiación verde y los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) han entrado de lleno como factores de análisis de inversores institucionales y son ya más de 1.500 inversores, con más de 60.000 millones de dólares en activos administrados los que han firmado los Principios para la Inversión Responsable (PRI) respaldados por la ONU, según señala Mckinsey en un informe.
Sin embargo, estos datos describen la realidad solo a medias ya que aún son muchos los inversores para los que estos factores siguen siendo un objetivo secundario en sus estrategias de inversión, aunque existen casos en los que este tipo de inversiones pueden superar los rendimientos de sus índices de referencia como en el caso de Generation Investment Management, un fondo con estos criterios como base de su estrategia global en renta variable, fundado por Al Gore, que habría superado a su índice de referencia en 500 puntos básicos anualmente durante más de una década.
Un fondo de inversión verde de Al Gore supera en 500 p.b. la rentabilidad de su indice de referencia
Muchos consideran que para impulsar aún más la financiación verde y la inversión ESG es necesario tomar nuevas iniciativas que sirvan de acicate a quienes aún mantienen una posición de reserva hacia los activos que contribuyen a la financiación verde y responsable.
Entre estas iniciativas se cuenta la reciente carta enviada por Mellon a una veintena de bancos líderes globales para que incrementen sus posiciones en este tipo de activos. O cierto movimiento en torno a los PRI para dejar fuera a aquellas instituciones que, aun firmando dichos principios, no realizan en la práctica inversiones de este tipo.
Algunos quieren eliminar como miembros de los PRI a quien no realice inversiones sostenibles
El Informe de Mackinsey hace referencia también a algunas iniciativas gubernamentales en apoyo de la inversión en activos de financiación verde como en el caso de Departamento de Trabajo estadounidense que ha establecido los criterios ESG como prioritarios en igualdad de condiciones entre varios activos; o el caso de Francia, cuyo Ministerio de Finanzas quiere establecer nuevas normas para que los inversores midan la exposición de sus carteras a activos ligados al carbón.
Las propuestas de Mckinsey
Por su parte, también Mckinsey ofrece sus propuestas para impulsar la inversión verde entre las que destaca la de imponer a las compañías cotizadas una información estandarizada sobre sus elementos de métrica ESG, como, por ejemplo, la huella de carbono o el uso de agua, para facilitar la clasificación de los distintos inversores.
En esta línea, Mckinsey propone también el desarrollo de herramientas de medición del stress de las carteras ante factores de riesgo de ESG, y cómo podrían comportarse en momentos de tensión, “con consideraciones de choques impredecibles, como la escasez regional de agua, las pandemias de gripe aviar; ó los aumentos de determinados precios”.
Aprovechar la presencia en órganos de gobierno de las compañías para que adopten un mayor compromiso
También propone a los inversores institucionales que aprovechen su presencia en los órganos de gobierno de las compañías para que estos adopten un mayor compromiso en este terreno y cita el caso de Fidelity, que propone que el sueldo de los CEO tenga una vinculación con estos criterios y estas métricas.
Adicionalmente, Mckinsey plantea la posibilidad de extender la práctica que llevan a cabo algunos fondos e inversores institucionales con la creación de índices a su medida para seleccionar empresas contrarias a todos estos principios y criterios de financiación verde y ESG, y eliminarlas de sus carteras.
