Asistimos en la actualidad a una cierta quiebra, al menos aparente en el debate público, de la tendencia que se venía registrando en los últimos 10 ó 15 años hacia la consolidación de los factores ESG y la sostenibilidad como vectores irrenunciables de progreso entre las empresas e instituciones líderes. Como en cualquier movimiento social o económico, existían puntos de vista divergentes sobre la eficacia de este proceso pero parecía que se trataba de algo irreversible a la postre, como unos elementos que cada año experimentarían una aceleración, y que su asunción se extendería en el ámbito gubernamental, corporativo, y financiero en la toma de decisiones de inversión y de negocio.

Los argumentos de uno y otro bando

El bando más favorable, los defensores de los criterios ESG y la sostenibilidad ha venido sosteniendo que son fundamentales para abordar los desafíos globales más urgentes, como el cambio climático, la desigualdad social y la gobernanza corporativa responsable. Asimismo, sostiene que las empresas que incorporan estos criterios en su estrategia y sus operaciones tienden a ser más resilientes a los riesgos ambientales y sociales, ampliándosela su base inversora atrayendo a inversores comprometidos con valores éticos, refuerza su reputación y su valoración en los mercados financieros y pueden generar un impacto positivo a largo plazo en la sociedad y el medio ambiente.

Junto a ello, los defensores de los criterios ESG señalan que la integración de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones empresariales puede conducir a una gestión más eficiente de los recursos, una mayor transparencia y rendición de cuentas, y una mejor gestión del riesgo a largo plazo. Además, argumentan que la creciente demanda de inversión sostenible está impulsando la innovación y la adopción de prácticas comerciales más responsables.

Sin embargo, el bando más renuente a la adopción de la sostenibilidad y las estrategias ESG parece estar ganado fuerza en el debate público reciente, argumentando que pueden representar para las empresas la necesidad de inflar los recursos materiales y humanos que se destinan al compliance en este terreno, para atender a unos requerimientos que consideran excesivos, así como unos costes adicionales que pueden reducir su competitividad en el mercado global y limitar su capacidad para maximizar el retorno de la inversión para los accionistas. Advierten por todo ello, que la adopción obligatoria de estos criterios podría conducir a una sobrecarga regulatoria y a una pérdida de flexibilidad para las empresas, especialmente las más pequeñas, que podrían no tener los recursos necesarios para cumplir con los estándares ESG.

También cuestionan la eficacia de los estándares ESG en la valoración de las compañías y en su solvencia real y sugieren que está creciendo el greenwashing, la utilización de estos criterios como simples herramientas de marketing superficial en lugar de como indicadores reales de responsabilidad empresarial.

A ello, los críticos añaden que los criterios ESG resultan difíciles de medir de manera consistente, máxime ante la falta de información al mercado de los distintos operadores, con la consiguiente dificultad para la comparación entre empresas y la evaluación de su desempeño.

Impacto de las Elecciones Europeas y de Estados Unidos

Las elecciones europeas ya celebradas y las estadounidenses por celebrar pueden tener un impacto significativo en el futuro de los criterios ESG y la sostenibilidad. En Europa, donde la sostenibilidad ha sido una prioridad política durante años, los resultados electorales podrían influir en la dirección de las políticas relacionadas con el cambio climático, la regulación ambiental y la inversión sostenible. Por otro lado, en Estados Unidos, donde la administración y el Congreso tienen una influencia considerable en la regulación empresarial, los resultados electorales podrían determinar si hay un impulso adicional o un retroceso en la adopción de criterios ESG.

Riesgos y daños de un Parón

Si se produce un frenazo o un parón en la consideración positiva de los criterios ESG y la sostenibilidad, podrían registrarse riesgos y daños como éstos:

Impacto ambiental y social: Una reducción de los compromisos respecto a la sostenibilidad y la financiación sostenible se traduciría en una agudización de los problemas ambientales y sociales existentes, como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad económica.

Riesgos financieros: Las empresas que no abordan adecuadamente los riesgos ambientales y sociales podrían enfrentar consecuencias financieras significativas, incluidos los costos de cumplimiento regulatorio, las multas y sanciones, y la pérdida de reputación y valor de marca.

Terremoto en los mercados  de inversión: si se altera la consideración positiva de la sostenibilidad como factor favorable para los inversores es más que probable que puedan producirse movimientos sísmicos de cierta consideración en los mercados de capitales en la medida que aquellos inversores que priorizan la sostenibilidad podrían retirar su capital de empresas que se esfuerzan en cumplir con los criterios ESG para desviarlo hacia otras que muestran ratios atractivos de rentabilidad pero tienen un claro componente contaminante, de prácticas irregulares o simplemente antiESG.

Aumento de los litigios y controversias: los movimientos activistas encontrarán en este proceso de marcha atrás el caldo de cultivo perfecto para intensificar sus actuaciones, con el apoyo de amplias bases sociales y ciudadanas que  verían en ello un engaño y un contrasentido respecto a la defensa de sus condiciones de vida y  de la calidad del tercio ambiente, las relaciones sociales y  laborales y  el avance hacia una sociedad más justa, solidaria y sostenible, a lo que podría acompañar toda una serie de actuaciones como boicots de consumidores ó empleados, y daños a largo plazo en su reputación y relaciones con las partes interesadas.